¿Soy yo o alguien más se ha fijado en que últimamente hay más personas pidiendo limosna en las aceras? Y no hablo de los que estaban siempre en su esquina, conocidos habituales de los barrios. Me refiero a personas de mediana edad, vestidas con dignidad y con la mirada baja de vergüenza.
Este es el invierno más lluvioso que recuerdo en Barcelona; ricos en agua, sequía en las almas. Maldito capitalismo irresponsable, no soporto ver a una de esas personas de mirada huidiza justo al lado de una de las joyerías más caras de la ciudad. Es una contradicción tan obvia que si no le dedicas diez segundos de pensamiento, hasta parece estúpida.
Me duele, me siento calada hasta los huesos por la lluvia de tristeza profunda y apagada que nos castiga este año. No es justo que un hombre que tiene manos fuertes para trabajar se vea obligado a extenderla floja para pedir. No es digno.
Pero no es a él al que le falta dignidad.
3 comentarios:
"La crisis de la economía capitalista, cuyo desencadenante, en agosto del año pasado, fueron las denominadas hipotecas basura, se ha agravado a lo largo de los últimos meses y está golpeando a la mayoría social con una contundencia cada vez mayor. Este sistema económico, basado en la obtención creciente de beneficios de unos pocos a costa de la destrucción del entorno y no en la satisfacción de las necesidades de toda la población, ha conducido, una vez más, a un dramático cuello de botella del que se pretende salir destruyendo derechos de la inmensa mayoría para afianzar las ganancias de la elite que ha provocado la crisis.
Pero no nos encontramos ante una crisis más, debida a la voracidad de algunos banqueros sin escrúpulos (como si el conjunto del capital financiero se guiara por recios principios morales), sino ante el inicio de una verdadera depresión, en la que confluyen varias crisis estructurales. De las cuales no es la de menor importancia la crisis ambiental, es decir, la degradación progresiva de nuestras condiciones de vida, debida a un modelo productivo consumista de creciente e intensiva explotación del entorno, que pone en serio riesgo la propia pervivencia del planeta.
Nuestro Estado no podía escapar a esta situación: el meollo de la acumulación de capital en el Estado español se ha centrado en un sector tan depredador del medio como la construcción y la especulación inmobiliaria, favorecida por una trama política e institucional corrupta. En lugar de destinar los recursos públicos, en especial el suelo, a garantizar el derecho a la vivienda, éstos se han entregado a los grupos financieros e inmobiliarios privados para su enriquecimiento a costa de que más de ocho millones de personas no tengan acceso a una vivienda digna, en un país en el que hay más de tres millones de viviendas vacías. La mecánica de las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda ha servido para financiar a banqueros, promotores y constructores, y el sostenimiento de beneficios en el sector ha requerido de un urbanismo insostenible, especulativo y corrupto. Ahora que el negocio del ladrillo entra en crisis, el gobierno dice aspirar a resolverla intensificando la política que condujo al desastre.
En Madrid asistimos a una campaña de sistemático acoso a los servicios públicos, en especial la educación, la sanidad y el agua, que están siendo privatizados y se quieren convertir en un nuevo y lucrativo negocio para quienes se han enriquecido a lo largo de estos años, a costa de impedir el derecho a la vivienda y de endeudar al extremo a las instituciones públicas (el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid reconocen una deuda conjunta de más de 16.000 millones de euros).
Los datos son incontestables: por un lado, los beneficios de grandes empresarios y entidades financieras siguen siendo escandalosos; por el otro, 800.000 nuevos parados en un año (se espera que el año que viene se alcance la cifra de 4 millones de parados) y 638.000 familias con todos sus miembros en paro, aumento del 12% en el precio de los productos básicos en un año, incremento del número de expedientes de regulación en grandes empresas que afectan ya a más de 50.000 trabajadores, desahucios, quiebras de familias, etc.
La respuesta de nuestros gobernantes a este estado de cosas es la de siempre, cargar los costes sobre las espaldas de la mayoría social más desprotegida. Para los grandes empresarios, dinero público, aseguramiento de sus inversiones y garantías de que no se va a controlar la gestión de sus negocios, ni se les va a exigir responsabilidad. Para el conjunto de la clase trabajadora se reserva el paro, la carestía, la inseguridad en el trabajo y la amenaza de nuevos recortes en sus derechos sociales y colectivos. Las cantidades astronómicas de dinero público que en nuestro país y en otros engrosan los planes anticrisis tienen como destinatarios a los causantes de la crisis, banqueros y grandes grupos empresariales, y el sostenimiento del sistema económico injusto e irracional en cuya naturaleza tiene la crisis su verdadero origen.
Nosotros/as afirmamos que es posible hacer otra política que tenga como centro el interés de todas las personas, la mejora y promoción de los servicios públicos, la reconversión ecológica y socialmente justa del modelo económico, que prime lo colectivo sobre el interés privado, los cuidados sobre la obsesión por la producción, el empleo estable y con derechos. Pero para ello se hace imprescindible un cambio de raíz del sistema que ha generado ésta y las anteriores crisis, un cambio sobre varios ejes:
1.- De manera inmediata hay que frenar la reaccionaria política de destrucción de derechos auspiciada desde diferentes instancias del poder. Reivindicamos un sistema fiscal progresivo y redistribuidor de la riqueza, el fin de las privatizaciones y la recuperación de servicios públicos ya privatizados, la mejora del subsidio de desempleo y el establecimiento de una renta básica, el incremento del salario mínimo hasta suponer un sueldo digno, la condonación del pago de hipotecas a parados y familias en dificultades económicas, el aumento sustancial de las pensiones, prohibición de desahucios en primera vivienda, etc., y todas aquellas medidas de apoyo a los sectores de la población que con mayor virulencia sufren la crisis.
2.- Afirmamos que es un principio irrenunciable de una sociedad justa que sean todas las personas que crean la riqueza social las que deciden democráticamente cómo se gestiona esa riqueza en beneficio de todas. Afirmamos que la planificación democrática de la economía es irrenunciable, esto es, decidir y gestionar colectivamente las necesidades y prioridades humanas que deben ser satisfechas y garantizadas, en un sistema que respete el sostenimiento del entorno natural.
3.- En esta planificación democrática han de participar todas las personas, independientemente de su origen y su género. Reivindicamos el control social de la producción por los trabajadores y trabajadoras. Hay que acabar con la sobreexplotación de la mano de obra inmigrante y con la vergüenza de un sistema en el que la libertad de circulación se predica de las mercancías pero no de los seres humanos.
4.- Para que lo anterior sea posible hay que poner en manos de toda la población la gestión de los recursos que hacen que la economía funcione, lo que supone la nacionalización del sistema financiero español y la fuerte regulación de todas las actividades financieras internacionales, así como la socialización de los principales medios de producción.
5.- En nuestro país se hace ineludible acabar con la vivienda como bien de inversión y que retome su función social como alojamiento. Debe garantizarse el derecho a la vivienda digna a un coste asequible, lo que necesariamente solo ocurrirá sacando la vivienda del mercado mediante una decidida política pública de alquiler. Y ello a su vez precisa de la nacionalización del suelo y de la gestión pública, colectiva y democrática del urbanismo sobre la base de las necesidades humanas y de preservación del medio.
6.- Hay que acabar con el odioso sesgo patriarcal de nuestro sistema económico que hace que las crisis siempre se salden con una mayor explotación de las mujeres y su reclusión en funciones asistenciales forzada por la privatización de servicios públicos.
7.- Es preciso también que el Estado adopte de inmediato medidas para paliar los efectos de la crisis y garantizar los derechos laborales de los sectores más desprotegidos, particularmente trabajadores precarios, mujeres, jóvenes e inmigrantes. Reclamamos el cumplimiento real de los derechos humanos que los Estados suprimen aprovechando periodos de crisis.
Acometer las profundas reformas que la situación exige requiere una acción decidida y unida de todas las fuerzas sociales y políticas de progreso para imponer un giro popular y democrático en la política económica, que permita una mejora en la situación de las clases populares y trabajadoras y defienda derechos sociales de la mayoría frente a la voracidad insaciable de la minoría oligárquica.
La política desarrollada por el Estado a lo largo de estos meses está provocando un importante malestar social que, sin embargo, no está aún suficientemente articulado.
Nosotros creemos que es posible y necesario que organizaciones sociales y políticas junto a todas las personas que ya sufren los efectos de la crisis aúnen sus esfuerzos y sus voluntades en un proceso de movilización sobre la base de las reivindicaciones aquí recogidas y cuantas vayan surgiendo en la dinámica de la lucha social. Un proceso que nos comprometemos a iniciar y al que llamamos a todos los trabajadores y ciudadanos.
Afirmamos que es imprescindible que esa movilización desemboque (se suprime “en el año que empieza”) en una huelga general, como primer gran aviso al poder de que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras de este país, no vamos a tolerar que continúe impunemente el saqueo."
http://www.pce.es/secretarias/secmovsocial/pl.php?id=2868
Cuando se agotan los cantos de sirena que decían que el capitalismo era el mejor de los mundos posibles, nos encontramos que vamos camino de los 4 millones de parados en el estado español, después de que este último mes de enero más de 200.000 personas se quedaron sin trabajo. Catalunya es la zona del estado dónde el paro aumenta más. Y dentro de Catalunya, una de las comarcas más castigadas es el Vallès Occidental dónde el número de parados asciende ya a 60.000 debido a los ERE’s y despidos masivos. En Terrassa el paro castiga ya a 17.000 personas, según los datos oficiales del ministerio.
Desde el PSUC de Terrassa queremos denunciar que la actual crisis capitalista la estamos pagando en primer lugar los trabajadores y las clases más humildes. Los titulares de la prensa se hacen eco constantemente de cierres o de reducciones de plantilla de grandes y medianas empresas, el paro está alcanzando las cotas más altas de los últimos años y las medidas que está tomando el gobierno son claramente insuficientes para solucionar el problema. Las movilizaciones de los trabajadores van en aumento. Incluso ONG’s como Cáritas denuncian el aumento exponencial de pobreza y de familias necesitadas de alimentos. Bancos y cajas de ahorro están desalojando cada día a centenares de familias de sus viviendas en Catalunya por no poder continuar pagando sus hipotecas.
Denunciamos además que muchas empresas están aprovechando la “excusa” de la crisis para reducir plantillas, congelar salarios, amenazar con despidos a los trabajadores, aumentar las jornadas laborales o ofreciendo puestos de trabajo con salarios miserables, a pesar de que continúan teniendo beneficios. Mientras tanto, la derecha y la patronal se empeñan en que regresemos al capitalismo salvaje del siglo XIX, proponiendo abaratar el despido o ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. Este tipo de propuestas y actitudes reaccionarias se encontrarán con nuestra más firme oposición
Hemos de tener en cuenta que todo esto es simplemente un agravante de una crisis internacional, que nace de la crisis del sistema financiero norteamericano, del sistema hipotecario, y que está extendiéndose como una mancha de aceite sobre el sistema capitalista. En estos momentos de catarsis, es cuando más se visualiza la necesidad de una alternativa colectiva, solidaria e igualitaria, que redistribuya la riqueza y consiga una sociedad más justa.
Mientras tanto, los bancos no dejan de tener beneficios y a pesar de ello permiten esta situación, sin que el gobierno les haga pagar la crisis que ellos han provocado. Toda una situación cada vez más dramática y provocada por las clases altas y especuladoras. Los empresarios, banqueros, especuladores y los políticos corruptos han cimentado este desarrollo insostenible y avaro alrededor de la economía del ladrillo, creando una burbuja inmobiliaria que como era previsible ha estallado y ha creado un efecto dominó sobre todo el sistema económico.
En nuestro país hemos visto durante las últimas décadas la destrucción de todo el tejido industrial provocado por las deslocalizaciones de las multinacionales y la inexistente política industrial de los respectivos gobiernos de turno. En nuestra ciudad, la destrucción industrial, el desmantelamiento del sector téxtil y la posterior reconversión hacia la economía del ladrillo, de los servicios y de la especulación urbanística son las responsables de esta situación. El caso más sonado de los últimos años fue el nefasto papel del Ajuntament en la desaparición de la histórica fábrica de AEG.
Sobre los fondos extraordinarios que el estado ha concedido al Ajuntament de Terrassa para combatir la crisis creemos que se están enfocando en el “pan para hoy y hambre para mañana”. Los fondos extraordinarios el Ayuntamiento los pretende utilizar para realizar nuevas obras estéticas en la ciudad, que daran empleo a bastantes trabajadores durante unos pocos meses. Nuestro ayuntamiento debería hacer una apuesta decidida por ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que no tengan que dar el cierre y por una verdadera política industrial que ayude a crear empleo estable y duradero. Proponemos además que las obras que deben realizarse son las que están reclamando el movimiento vecinal, ya que hay muchos barrios que necesitan de nuevos centros sociales, sanitarios, educativos o geriátricos de titularidad pública.
Consideramos que en los próximos meses muchas familias y personas van y vamos a vivir situaciones dramáticas debido a esta crisis. Por ello, proponemos a las administraciones públicas estas demandas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la ciudadanía:
- Que se garantice una ampliación del periodo de prestación del “paro” para garantizar que estas familias no se empobrecen más.
- Prohibir a las entidades bancarias a que sigan desalojando de sus viviendas a familias enteras dejándolas sin techo.
- Implantar la jornada laboral de 35 horas semanales por ley y sin reducción salarial, para que podamos trabajar todos y todas.
- Implantar la tasa Tobin, para gravar las grandes transacciones de capital financiero a favor de las necesidades sociales de los ciudadanos y promover el control democrático del mercado.
- Aumentar las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros mensuales
- Invertir a través de la SEPI y del ICO en un nuevo sector industrial público fuerte y nacionalizar las empresas en quiebra o que quieran deslocalizar
- Evitar que aumenten los precios de los servicios básicos (electricidad, agua, transportes públicos, etc…) por encima de las alzas salariales
- Que no se aprueben más Expedientes de Regulación de Empleo
- Exigir a los bancos que den de nuevo créditos a las empresas y las familias, ya que el estado les ha subvencionado tanto
- Es imprescindible una reforma fiscal que aumente la progresividad – es decir que el que gane más pague más - de los impuestos directos, fundamentalmente el Impuesto de Sociedades y el IRPF, que haga disminuir los indirectos (IVA) y que se paralice por completo la eliminación en las Cortes del Impuesto de Patrimonio (pagan más los que más tienen), dejando de estar cedido a las comunidades autónomas. Es escandaloso el trato fiscal que reciben los de abajo frente al que reciben los ricos. Cada vez se parece más a la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones: Robando al pobre para cebar al rico.
- Mejorar y aumentar las inversiones en la sanidad y la educación públicas
Llamamos a la unidad del conjunto de la ciudadanía, de la izquierda y de los sindicatos para defender, conquistar y mejorar nuestros más elementales derechos sociales. Desde el PSUC de Terrassa apoyamos la movilización y las reivindicaciones realizadas por los sindicatos CCOO y UGT en la manifestación comarcal que han convocado en Sabadell el próximo jueves 26 de febrero bajo el lema “Ofensiva por el empleo y la industria en el Vallès Occidental”. Animamos a la ciudadanía a participar en esta manifestación. Si la situación de los trabajadores y las trabajadoras continúan empeorando será necesario realizar más movilizaciones, e incluso sin descartar, y ya que cada vez se oye más la necesidad, de convocar una huelga general en todo el país.
Frente al paro y la crisis, movilízate!!
terrassa@psuc.org
http://psucterrassa.blogspot.com/
Cuando se agotan los cantos de sirena que decían que el capitalismo era el mejor de los mundos posibles, nos encontramos que vamos camino de los 4 millones de parados en el estado español, después de que este último mes de enero más de 200.000 personas se quedaron sin trabajo. Catalunya es la zona del estado dónde el paro aumenta más. Y dentro de Catalunya, una de las comarcas más castigadas es el Vallès Occidental dónde el número de parados asciende ya a 60.000 debido a los ERE’s y despidos masivos. En Terrassa el paro castiga ya a 17.000 personas, según los datos oficiales del ministerio.
Desde el PSUC de Terrassa queremos denunciar que la actual crisis capitalista la estamos pagando en primer lugar los trabajadores y las clases más humildes. Los titulares de la prensa se hacen eco constantemente de cierres o de reducciones de plantilla de grandes y medianas empresas, el paro está alcanzando las cotas más altas de los últimos años y las medidas que está tomando el gobierno son claramente insuficientes para solucionar el problema. Las movilizaciones de los trabajadores van en aumento. Incluso ONG’s como Cáritas denuncian el aumento exponencial de pobreza y de familias necesitadas de alimentos. Bancos y cajas de ahorro están desalojando cada día a centenares de familias de sus viviendas en Catalunya por no poder continuar pagando sus hipotecas.
Denunciamos además que muchas empresas están aprovechando la “excusa” de la crisis para reducir plantillas, congelar salarios, amenazar con despidos a los trabajadores, aumentar las jornadas laborales o ofreciendo puestos de trabajo con salarios miserables, a pesar de que continúan teniendo beneficios. Mientras tanto, la derecha y la patronal se empeñan en que regresemos al capitalismo salvaje del siglo XIX, proponiendo abaratar el despido o ampliar la jornada laboral hasta las 65 horas semanales. Este tipo de propuestas y actitudes reaccionarias se encontrarán con nuestra más firme oposición
Hemos de tener en cuenta que todo esto es simplemente un agravante de una crisis internacional, que nace de la crisis del sistema financiero norteamericano, del sistema hipotecario, y que está extendiéndose como una mancha de aceite sobre el sistema capitalista. En estos momentos de catarsis, es cuando más se visualiza la necesidad de una alternativa colectiva, solidaria e igualitaria, que redistribuya la riqueza y consiga una sociedad más justa.
Mientras tanto, los bancos no dejan de tener beneficios y a pesar de ello permiten esta situación, sin que el gobierno les haga pagar la crisis que ellos han provocado. Toda una situación cada vez más dramática y provocada por las clases altas y especuladoras. Los empresarios, banqueros, especuladores y los políticos corruptos han cimentado este desarrollo insostenible y avaro alrededor de la economía del ladrillo, creando una burbuja inmobiliaria que como era previsible ha estallado y ha creado un efecto dominó sobre todo el sistema económico.
En nuestro país hemos visto durante las últimas décadas la destrucción de todo el tejido industrial provocado por las deslocalizaciones de las multinacionales y la inexistente política industrial de los respectivos gobiernos de turno. En nuestra ciudad, la destrucción industrial, el desmantelamiento del sector téxtil y la posterior reconversión hacia la economía del ladrillo, de los servicios y de la especulación urbanística son las responsables de esta situación. El caso más sonado de los últimos años fue el nefasto papel del Ajuntament en la desaparición de la histórica fábrica de AEG.
Sobre los fondos extraordinarios que el estado ha concedido al Ajuntament de Terrassa para combatir la crisis creemos que se están enfocando en el “pan para hoy y hambre para mañana”. Los fondos extraordinarios el Ayuntamiento los pretende utilizar para realizar nuevas obras estéticas en la ciudad, que daran empleo a bastantes trabajadores durante unos pocos meses. Nuestro ayuntamiento debería hacer una apuesta decidida por ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que no tengan que dar el cierre y por una verdadera política industrial que ayude a crear empleo estable y duradero. Proponemos además que las obras que deben realizarse son las que están reclamando el movimiento vecinal, ya que hay muchos barrios que necesitan de nuevos centros sociales, sanitarios, educativos o geriátricos de titularidad pública.
Consideramos que en los próximos meses muchas familias y personas van y vamos a vivir situaciones dramáticas debido a esta crisis. Por ello, proponemos a las administraciones públicas estas demandas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la ciudadanía:
- Que se garantice una ampliación del periodo de prestación del “paro” para garantizar que estas familias no se empobrecen más.
- Prohibir a las entidades bancarias a que sigan desalojando de sus viviendas a familias enteras dejándolas sin techo.
- Implantar la jornada laboral de 35 horas semanales por ley y sin reducción salarial, para que podamos trabajar todos y todas.
- Implantar la tasa Tobin, para gravar las grandes transacciones de capital financiero a favor de las necesidades sociales de los ciudadanos y promover el control democrático del mercado.
- Aumentar las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros mensuales
- Invertir a través de la SEPI y del ICO en un nuevo sector industrial público fuerte y nacionalizar las empresas en quiebra o que quieran deslocalizar
- Evitar que aumenten los precios de los servicios básicos (electricidad, agua, transportes públicos, etc…) por encima de las alzas salariales
- Que no se aprueben más Expedientes de Regulación de Empleo
- Exigir a los bancos que den de nuevo créditos a las empresas y las familias, ya que el estado les ha subvencionado tanto
- Es imprescindible una reforma fiscal que aumente la progresividad – es decir que el que gane más pague más - de los impuestos directos, fundamentalmente el Impuesto de Sociedades y el IRPF, que haga disminuir los indirectos (IVA) y que se paralice por completo la eliminación en las Cortes del Impuesto de Patrimonio (pagan más los que más tienen), dejando de estar cedido a las comunidades autónomas. Es escandaloso el trato fiscal que reciben los de abajo frente al que reciben los ricos. Cada vez se parece más a la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones: Robando al pobre para cebar al rico.
- Mejorar y aumentar las inversiones en la sanidad y la educación públicas
Llamamos a la unidad del conjunto de la ciudadanía, de la izquierda y de los sindicatos para defender, conquistar y mejorar nuestros más elementales derechos sociales. Desde el PSUC de Terrassa apoyamos la movilización y las reivindicaciones realizadas por los sindicatos CCOO y UGT en la manifestación comarcal que han convocado en Sabadell el próximo jueves 26 de febrero bajo el lema “Ofensiva por el empleo y la industria en el Vallès Occidental”. Animamos a la ciudadanía a participar en esta manifestación. Si la situación de los trabajadores y las trabajadoras continúan empeorando será necesario realizar más movilizaciones, e incluso sin descartar, y ya que cada vez se oye más la necesidad, de convocar una huelga general en todo el país.
Frente al paro y la crisis, movilízate!!
terrassa@psuc.org
http://psucterrassa.blogspot.com/
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